Guadalajara, 6 de mayo de 2020 – La crisis sanitaria internacional provocada por el virus COVID-19 ha cambiado nuestras vidas radicalmente. Drásticamente nos hemos acostumbrado a escuchar todos los días informes médicos sobre casos confirmados, personas recuperadas y muertes en diferentes países del mundo. El distanciamiento social y quedarnos en casa se han convertido en nuestras nuevas rutinas que nos sumergen en la incertidumbre. Aunque quisiéramos que el confinamiento terminara, nadie sabe cuándo podremos regresar a la “normalidad”. Por más que los epidemiólogos intentan explicarnos el desarrollo de la pandemia y las medidas para contenerla, lo único que nos ha quedado claro es que la pandemia llegará a nuestras casas inevitablemente. Quedarnos en casa solo evita que la pandemia sobrepase la capacidad de los servicios de salud, no la frena.

Nuestros protocolos en las casas o centros de atención al migrante no contemplaban la eventualidad de una pandemia. Ante el posible contagio masivo cada institución tuvo que tomar decisiones para llevar adelante la atención a los migrantes y solicitantes de refugio. Había distintos escenarios: cerrar las puertas de la casa y continuar distribuyendo comida; cerrar las puertas de la casa y atender solamente a los que estaban hospedados antes de la pandemia o cerrar parcialmente la casa y aceptar un número limitado de personas cada día. Una última opción era continuar con la atención. Sin embargo, continuar recibiendo migrantes y la falta de estrategias precisas de seguridad sanitaria por parte del gobierno federal para atender a la población que sigue siendo deportada, era una opción arriesgada, principalmente en las ciudades fronterizas del norte de México.

Esta última opción fue la que tomaron en la Casa del Migrante Nazareth de Nuevo Laredo. Cerrar la casa hubiera significado dejar a muchos hermanos y hermanas migrantes en la calle, especialmente a los deportados de Estados Unidos, expuestos a ser víctimas del virus y del crimen organizado. Por lo que decidieron implementar medidas extremas de salud e higiene, corriendo el riesgo de que en algún momento se presentara el brote. Estas medidas fueron: tomar la temperatura a los huéspedes todos los días, incentivar continuamente el lavado de manos, desinfectar a cada persona y todo lo que traía antes de entrar en la casa, desinfectar los celulares después de cada llamada, estar al pendiente de quien tenga tos o fiebre, poner en cuarentena a la persona que presente uno de esos síntomas y llamar al doctor para descartar contagios.

El coronavirus finalmente entró a la Casa del Migrante de Nuevo Laredo a mediados del mes de abril. A pesar de las precauciones llegó un migrante mexicano deportado de Houston, TX., quien desconocía ser portador del coronavirus. Desafortunadamente no fue detectado porque no había desarrollado los síntomas. Después de cuatro días de estar en la casa se presentaron los síntomas, pero ya se habían contagiado otros migrantes: 6 hondureños, 4 mexicanos, 3 cubanos y 1 de Camerún. También el P. Julio López, misionero Scalabriniano y director de la casa, fue confirmado con COVID-19. Actualmente se encuentran aislados, estables, evolucionando satisfactoriamente y sin complicaciones. Al finalizar los 14 días de aislamiento se les hará un segundo muestreo para verificar que la prueba resulte negativa y puedan salir de la Casa. Los migrantes que estaban hospedados en la Casa del Migrante que dieron negativo a la prueba se encuentran aislados por 14 días en otro albergue, también perteneciente a la Iglesia Católica. Después del brote, las autoridades estatales y municipales han tenido una labor fundamental en la atención a los enfermos. Los que están sanos, están siendo acompañados por los padres Marvin Ajic, c.s. y Enrique Figueroa, c.s., quienes gracias a la solidaridad de muchas personas pueden seguir llevando adelante el servicio a los migrantes y solicitantes de refugio.

La Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana (la dependencia del episcopado mexicano responsable del cuidado pastoral de los migrantes en el país) presidida por Mons. José Guadalupe Torres Campos, obispo de Cd. Juárez, y de la cual el P. Julio López, c.s. es secretario ejecutivo, manifiesta en un comunicado del 23 de marzo que el gobierno norteamericano no cesaba las deportaciones y que “también deportaría el coronavirus por la puerta ancha con el consentimiento del gobierno de México” (sic). En el mismo comunicado se lamentaba la fragilidad de la frontera con Estados Unidos en cuanto a la falta de controles sanitarios eficientes y permanentes por parte del gobierno de México.

Julio, había denunciado que las autoridades de Estados Unidos estaban deportando sin control médico ni pasar por filtros sanitarios. La Secretaría de Salud local también denunció que desde el 20 de febrero fueron enviados por el gobierno estatal al menos 20 oficios a la Secretaría de Gobernación de la República y al Instituto Nacional de Migración (INM), sin recibir respuesta, para alertar sobre un posible brote de COVID-19 por la falta de filtros sanitarios en la población deportada.

El día 13 de abril, el P. Julio López, c.s. y el obispo de Nuevo Laredo, Mons. Enrique Sánchez Martínez, anuncian en una carta abierta dirigida a la comunidad diocesana de Nuevo Laredo, a las autoridades de gobierno, a las instituciones, a sus bienhechores y a la población en general, el cierre temporal de la Casa a nuevos ingresos con la finalidad de tomar medidas de precaución y reducir el riesgo de contagio. En la carta denuncian que las deportaciones no cesan, pese al riesgo de quienes son deportados y puedan propagar el virus, que puedan convertirse en un riesgo no solo para los mismos deportados que se ven expuestos a medidas sanitarias precarias sino incluso al país que los expulsa.

Desgraciadamente la noticia del brote epidémico en la Casa del Migrante de Nuevo Laredo ha sido interpretada como un acontecimiento que concierne a la Iglesia Católica y al albergue involucrado. En nuestra opinión, como Misioneros Scalabrinianos pensamos en que, el COVID-19 haya llegado a una “Casa del Migrante” por la negligencia de las autoridades sanitarias en los puestos fronterizos resulta sumamente grave. La Iglesia y la sociedad civil han manifestado formalmente a través de varios comunicados su preocupación de que a través de los deportados de Estados Unidos se propague la pandemia, poniendo en riesgo no solo a los migrantes, sino también a toda la población, como ya está pasando en Guatemala y El Salvador.

¿En cuántas casas del migrante tiene que haber un brote epidemiológico para que el gobierno federal tome medidas sanitarias estrictas en los cruces fronterizos con Estados Unidos y se establezcan protocolos adecuados para la atención de migrantes que den positivo a las pruebas del COVID-19? ¿Por qué minimizar lo que sucede con los mexicanos deportados en la frontera con Estados Unidos?

Es admirable que algunas personas arriesguen su vida por servir a los migrantes. Sin embargo, si existieran protocolos claros, oportunos y mejor coordinados por parte de los tres niveles de gobierno, no estaríamos lamentando y tener que cerrar espacios de solidaridad, con gente enferma cuando podría haberse prevenido si se hubiera actuado a tiempo.

P. José Juan Cervantes, c.s. y Kendy Belizaire

 

Fuentes consultadas:
Kendy es novicio Scalabriniano, que junto con su compañero Jacob Desile, estuvo sirviendo en la Casa del Migrante Nazareth desde fines de febrero hasta mediados de abril de este año.

Cf. https://cmsny.org/border-communities-covid/

Cf. Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, comunicado del 23 de marzo de 2020 de la ante la contingencia nacional a causa de la pandemia del Covid-19

Cf. https://elmanana.com.mx/se-contagia-padre-julio-de-covid-19/

Cf. Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana. Op. Cit.

Cf. https://www.animalpolitico.com/…/migrantes-albergue-nuevo-…/

fotografías de Casa del Migrante Nazareth en Nuevo Laredo, Tamaulipas.