Guadalajara, México, 10 de septiembre de 2021 – El fenómeno migratorio es sumamente dinámico. El contexto social, político, económico y sanitario, los desastres naturales y la inseguridad ocasionan cambios súbitos en las vidas de las personas en situación de movilidad: migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos. Recientemente, hemos sido testigos, a través de las crónicas de los medios de comunicación, de circunstancias que violan los derechos de las personas en movilidad en las fronteras norte y sur de México. La reanudación de los “Protocolos de Protección a Migrantes” (MPP), la aplicación del Título 42, las deportaciones de centroamericanos de los centros de detención del ICE en Estados Unidos al sur de México vía aérea y su traslado vía terrestre a Guatemala, la demora en la resolución de los trámites migratorios en Tapachula y la represión a quienes desesperados han hecho visible lo que para muchos era desconocido; definitivamente tendrán consecuencias devastadoras para muchas personas que han tenido el valor de arriesgarse en búsqueda de una vida digna y ponen en evidencia la inconsistencia de políticas migratorias por parte del gobierno de México.
La migración de y hacia México hasta hace pocos años estuvo regulada por la Ley Nacional de Población, y no era considerado como un tema en el cual la intervención específica del Estado fuera necesaria. En 2011 se promulgó la Ley Nacional de Migraciones, la cual siguiendo las convenciones y legislación internacionales establece como responsabilidad del Estado garantizar el orden, la regularidad y la seguridad de la emigración, inmigración, tránsito y retorno en el territorio nacional. Las acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales de México en materia de migraciones responden a eventos coyunturales. En contraste, la política migratoria norteamericana ha sido consistente durante los últimos quince años. La retórica políticamente correcta del presidente Biden difiere del discurso xenófobo del expresidente Trump; sin embargo, en la práctica ambas administraciones realizan las mismas acciones. El reciente fallo del Tribunal Supremo de permitir el restablecimiento del polémico programa Protocolos de Protección a Migrantes manifiesta que las cuotas en el sistema de asilo de los Estados Unidos y el combate a la inmigración irregular prevalecen independientemente del partido que esté en el poder.
Sin lugar a duda, la crisis originada por la gran cantidad de personas, en su mayoría provenientes de los países del norte de Centroamérica, esperando en algunas ciudades del norte de México a solicitar asilo en los Estados Unidos bajo las reglas poco claras de los Protocolos de Protección a Migrantes, ha marcado la agenda migratoria de los últimos dos años. Esta semana se ha presentado una nueva coyuntura, las nuevas caravanas de migrantes que han sido reprimidas brutalmente por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migraciones, pone de manifiesto una realidad que había sido invisibilizada. Miles de migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos una gran cantidad de haitianos, llevan meses varados en Tapachula esperando un documento que les permita un tránsito seguro por el país. Esto ha originado hacinamiento en la ciudad, albergues para migrantes y solicitantes de asilo desbordados, desesperación por no tener donde vivir, que comer y problemas de salud. Esta situación que rebasa a las autoridades de los tres niveles de gobierno ha originado muchas otras dificultades tanto para la población local como a los migrantes.
Frente a esta nueva coyuntura el presidente López Obrador declaró en su conferencia mañanera del jueves 2 de septiembre: «El propósito es mantenerlos en el sur del país porque permitir que atraviesen el país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte, desgraciadamente hay esos antecedentes». Sin embargo, resulta incongruente proteger a los migrantes reprimiéndolos, condenándolos a situaciones desesperadas de supervivencia y generando xenofobia entre los pobladores locales.
Mientras los gobiernos implementan medidas restrictivas para ordenar, regular y garantizar la seguridad de los flujos migratorios, la atención a las necesidades urgentes de los migrantes recae en las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas inspiradas por la doctrina social de la Iglesia Católica. En su magisterio el Papa Francisco continuamente invita a los católicos, a los gobiernos y a la gente de buena voluntad a acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, refugiados y desplazados.
En la convulsionada situación actual en la frontera sur de México, la Iglesia de Tapachula ha tomado la iniciativa de ser solidaria con las necesidades de los migrantes. En su comunicado dominical sobre la crisis migratoria actual, el obispo Jamie Calderón invitó a toda la Iglesia diocesana a procurar seguir haciendo lo más que puedan para aligerar el peso de la cruz de estos hermanos golpeados por la pobreza, la violencia y el desamparo. La acción de la Iglesia contrasta con las políticas gubernamentales que restringen la posibilidad de acceder a la condición de refugiados y combaten la migración irregular.
P. José Juan Cervantes, c.s.
Fuente: https://www.facebook.com/casascalabriniguadalajara/posts/1730332113843072