Nueva York, 28 de mayo de 2020 – La crisis humanitaria del desplazamiento de más de cinco millones de venezolanos fuera de su país de origen ha generado innumerables desafíos tanto en los países de tránsito como aquellos receptores dentro de la región Latinoamericana. El COVID-19 ha venido a ensanchar aún más las brechas de exclusión social y económica de millones de migrantes, venezolanos y sus familias que siguen siendo revictimizados por la pandemia. A pesar de las restricciones de salubridad y el cierre de fronteras internacionales, los venezolanos continúan buscando protección y apoyo esencial para sobrevivir a la crisis y encontrar seguridad, teniendo como opción el retorno a Venezuela.

Las Organizaciones basadas en la fe (OBF) que despliegan sus actividades en entornos donde los recursos son limitados y las condiciones son a menudo atroces, han sido fundamentales para responder a la coyuntura actual. Sin embargo, la limitada disponibilidad de recursos propios y el acceso a recursos humanitarios han superado todas las capacidades para responder a los desafíos planteados por ambas crisis.

Desafortunadamente, las poblaciones de venezolanos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se encuentran entre los grupos más vulnerables en riesgo de contraer COVID-19, así como el acceso restringido de bienes y servicios esenciales como vivienda, atención médica, higiene, suministros antibacterianos, medicamentos y alimentos en tiempos de cuarentena.

En el corto plazo, los efectos de la pandemia requieren de una disponibilidad de recursos urgente que permita brindar especial atención para combatir el hambre, la expansión del virus, albergue, acceso a vivienda digna y salud mental. En el mediano y largo plazo, es imperativo que las poblaciones más vulnerables sean provistas de respuestas eficientes, duraderas, e integrales que permita su integración en los paises de acogida y la reintegración de retornados a Venezuela. Ambos escenarios deben abordarse con un enfoque en que los derechos humanos de los migrantes sean priorizados.

Hoy, las OBF celebramos el liderazgo y disposición de la Unión Europea, el Gobierno de España, así como de ACNUR y la OIM para llevar a cabo la conferencia de donantes y les exhortamos a considerar la perspectiva de las OBF en las siguientes áreas clave:

• Es urgente que los donantes promuevan el desarrollo de un plan de inversión interinstitucional que incluya a los gobiernos y organizaciones sociales y basadas en la fe, que asegure la disponibilidad de los recursos y su distribución para implementar equitativamente el RMRP 2020².
• Es imperativo que las inversiones y asignación de los recursos se comprometa en dos niveles de intervención (1) Respuesta ante la urgencia inmediata y (2) Efectos post COVID-19.
• En el primer nivel, es crítico que se garantice la disponibilidad expedita de los recursos a las organizaciones en primera línea y de base comunitaria que responden a las necesidades esenciales, entre ellas, alimentación, albergue, vivienda digna, medicamentos e implementos de cuarentena.
• El segundo nivel post-COVID-19 debe considerar fundamentalmente respuestas rápidas, eficientes y responsables en las siguientes áreas de acción: (1) Estabilidad financiera, creación de empleo e inclusión laboral; (2) seguridad alimentaria; (3) Acceso a la salud y vivienda decente.
• Es crítico que los donantes garanticen la participación de las OBF para asegurar que las poblaciones en mayor vulnerabilidad y desatendidas accedan a los recursos disponibles durante la emergencia y post COVID-19.
• Es apremiante que se apoye la estabilidad operativa y programática de las organizaciones de base a fin de dar sostenibilidad a los recursos invertidos y creación de nuevos programas de acuerdo con las necesidades reales.
• Es necesario que los donantes designen un porcentaje de los recursos a acciones de incidencia política a fin de que las OBF y de base comunitaria accedan proactivamente a procesos de toma de decisión y continúen promoviendo e impulsando acciones sustentables y coherentes con los derechos humanos universales y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
•  Será fundamental que las organizaciones sean incluidas en el proceso de seguimiento posterior a la conferencia de los donantes para contribuir al análisis y la asignación de presupuesto, así como la implementación del plan, no solamente como observadores con extrema limitación de participación en reuniones, sino con espacios concretos de intervención.

Las organizaciones basadas en la fe miembros del Scalabrini International Migration Network (SIMN) y la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (RED CLAMOR), reiteramos nuestro compromiso a favor de la acogida, protección, promoción e integración de las personas migrantes venezolanas. A la vez, animamos a los líderes de esta conferencia de donantes a trabajar en conjunto y acoger activamente nuestras sugerencias.

1 Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas. Red de Conferencias Episcopales de Movilidad Humana con presencia en 22 paises y 252 ciudades de Centro, Sur América y el Caribe.

2 Regional Refugee and Migrant Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela, 2020.

Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas
RED CLAMOR

Scalabrini International Migration Network (SIMN)