Nueva York, 20 de septiembre de 2021 – La red de entidades Scalabrinianas, por medio del Scalabrini International Migration Network (SIMN), se suma al llamado hecho por diversas organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las autoridades de Estados Unidos y México de poner fin a las deportaciones aceleradas de migrantes que se encuentran en el cruce fronterizo entre El Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila, México, proceso en el que se está dejando de respetar el derecho de los migrantes a conocer si son legalmente elegibles a recibir el estatus de refugiado u otras medidas de protección internacional, tal como se contempla en los marcos nacionales e internacionales de protección humanitaria, violándose así el principio de no devolución o non refoulement.
Como es sabido, desde la semana pasada, más de 15 mil migrantes, en su mayoría haitianos, pero también algunos venezolanos, cubanos y nicaragüenses, se encuentran debajo del puente fronterizo que comunica a las ciudades de El Río y Ciudad Acuña. Cientos de ellos han sido ya expulsados a Puerto Príncipe, Haití, sin haber tenido la oportunidad de presentar su solicitud de refugio ante las autoridades estadounidenses, las cuales han afirmado que dichas expulsiones aceleradas continuarán con base en lo estipulado en la norma Título 42 (restricciones al asilo como medida preventiva contra enfermedades transmisibles, en este caso el COVID-19), la cual entró en vigor en marzo de 2020, dando de esta forma la administración Biden continuidad a una política implementada por la administración Trump, lo que llevó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a expresar públicamente su preocupación ante las expulsiones a México y Guatemala de migrantes desde Estados Unidos.
De acuerdo con declaraciones hechas por el ministro de elecciones de Haití, Mathias Pierre, este país no se encuentra en condiciones de recibir a los haitianos expulsados, pues “tenemos la situación en el sur con el terremoto. La economía es un desastre y no hay empleos. El primer ministro debe negociar con el gobierno de Estados Unidos detener las deportaciones en este momento de crisis”. Ante este escenario, las deportaciones constituyen una clara violación al principio de no devolución, pues, como afirma la CIDH, “se enfrentarían nuevamente a situaciones similares a las que las obligaron a salir de su país de origen… las personas retornadas no tendrían acceso a la protección suficiente que garantice su seguridad y reintegración en las comunidades de origen”.
Reiteramos también el llamado que organizaciones de la sociedad civil han hecho al gobierno de México de, con base en el marco legal nacional e internacional, poner fin a las deportaciones de haitianos desde territorio mexicano, violatorias del debido proceso y del derecho al asilo de los migrantes y, como alternativa, optar por medidas humanitarias, tales como la regularización migratoria de familias con hijos nacidos en México, estancia por razones humanitarias para quienes esperan respuesta de su solicitud de asilo y programas de residencia temporales, entre otros.
Es indispensable que los gobiernos de Estados Unidos y México honren sus compromisos legales en materia de asilo y asistencia humanitaria y pongan fin a las expulsiones como una estrategia que sólo busca, ineficazmente, frenar los flujos migratorios desde el Caribe, Centro y Sudamérica, pues dichos flujos, como se ha comprobado históricamente y como se tiene proyectado, no se detendrán en el corto y mediano plazos: es urgente un cambio de paradigma para encontrar soluciones que al tiempo que respeten los derechos de los migrantes, sean sostenibles en el mediano y largo plazos para las comunidades de destino.
Para conocer más información del trayecto que los migrantes haitianos han seguido en el continente americano hasta su arribo a El Río, Texas, ver: Haitians on the Move