El 18 de diciembre, en el marco del 27 Aniversario de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares; la Oficina Regional de la Red Internacional de Migración Scalabrini –SIMN-, la Red de Casas del Migrante Scalabrini, hacemos un llamado a los gobiernos de los Estados para el cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares.
Los Jefes de los Estados, Congresistas y Senadores, si quieren poner fin a el drama que viven los Trabajadores Migrantes y sus familias, tienen la urgente responsabilidad de guiarse por el estricto cumplimiento de los derechos humanos suscritos en la Convención de 1990, para eliminar todas las formas de violaciones perpetradas en contra de los migrantes trabajadores y trabajadoras.
La Convención tiene como base la “Acogida, Protección, Promoción e Integración” de los derechos de los trabajadores, como lo afirma el Papa Francisco. Así mismo, los Estados tienen el deber y la responsabilidad de acompañar a los trabajadores migrantes desde los países de origen, tránsito y destino; esta responsabilidad recae única y exclusivamente sobre todos los Estados. Su implementación debe de tener como objetivo principal el respeto pleno a los derechos humanos, para asegurar que los trabajadores migrantes no sean objetos de explotación laboral u otras forma análogas.
La Convención promueve la participación significativa y el empoderamiento de los trabajadores migrantes y sus familiares más allá de las fronteras nacionales como sujetos, mediante la igualdad y el principio a la no discriminación, la rendición de cuentas de parte de los Estados en la aplicación de los derechos humanos para el desarrollo integral, que se enfatiza en el pleno respeto la dignidad de la persona.
La aplicación de los marcos legales justos deben de ser construidos mediante procesos participativos ciudadanos, eliminarían los estigmas, prejuicios y mitos pre=concebidos de la población migrante de parte de los países receptores. La Convención crea mecanismos de rendición de cuentas de parte de los Estados, estos deben permitir que las víctimas de violaciones de derechos humanos actúen para que los responsables rindan cuentas por sus acciones o la ausencia de actuación por las atrocidades cometidas en contra los migrantes trabajadores y sus familiares.
Reconstruir la igualdad de género requiere el respeto de los derechos humanos de las mujeres migrantes, incluyendo el derecho a la justicia, en la acogida, protección, integración. Se debe asegurar el derecho a la seguridad social de los migrantes en el marco del derecho a migrar, que permita que las personas migrantes tengan acceso a alimentación, salud, vivienda, agua, salubridad y educación.
Los migrantes trabajadores en situación de vulnerabilidad o indocumentados demandan mayores esfuerzos de los Estados y defensores de los derechos humanos para asegurar que todas las personas disfruten de esos derechos sin discriminación, racismo y xenofobia.
El actual modelo de mercado neoliberal es una de las causales del incremento de la brecha de la desigualdad entre riqueza y pobreza, que tiene como consecuencia las migraciones forzadas. En la actualidad existen algunos grupos vulnerables sobresalientes – niñas, niños y adolescentes, mujeres, minorías, personas con discapacidad, personas desplazadas por la violencia – que muy a menudo son olvidados.
Los esfuerzos dirigidos al desarrollo humano integral deben de ser orientados para el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Urge a que los Estados amplíen el monitoreo y estén cercanos a la situación real que viven los trabajadores migrantes y sus familiares. La condición de alta vulnerabilidad revela las desventajas que afrontan los trabajadores migrantes. Los Estados deben de diseñar programas para atender la realidad de los trabajadores migrantes para evitar la trata de personas, el tráfico de seres humanos y violaciones sistemáticas perpetradas por grupos de empresarios inescrupulosos a nivel nacional e internacional.
Los políticos tienen la grave responsabilidad de movilizar fondos y energía, promoviendo reformas migratorias integrales, para evitar la situación de indocumentación de los trabajadores migrantes y sus familiares. Los Estados pueden alcanzar políticas migratorias humanas, justas e integrales sólo si son guiados por las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos, las cuales definen qué acciones deben ser realizadas y por quién.
Todos los derechos humanos son la máxima expresión de la dignidad de la persona. La buena gobernabilidad y el estado de derecho a nivel nacional e internacional son crítico, porque los gobiernos de los Estados no han puesto en la agenda el tema de las migraciones de forma integral con políticas decentes. Quienes migran para salir de la pobreza solo son visualizados por las remesas que envía a sus países de origen, sin embargo, no son tomados en cuenta en los procesos de elaboración de las políticas públicas.
Los Estados tienen la responsabilidad de atender las causas estructurales de la pobreza y el subdesarrollo también mejora la seguridad mundial. Esto significa, ubicar los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la unificación familiar en el centro de las estrategias para alcanzar la implementación de la Convención de forma correcta, que atacaría las tensiones sociales como las deportaciones masivas sin criterios, la militarización de las fronteras y el terrorismo de Estado en contra de los migrantes trabajadores y sus familiares.
La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares define metas claras en la aplicación de todos los derechos humanos, sin exclusión y/o reservas. Pero el reto está en su implementación, y es allí donde los derechos humanos son cruciales.
¡Migrar para buscar la sobrevivencia no es delito de lesa humanidad! Los Estados tienen la obligación de salir de la globalización de la indiferencia, para la globalizar la solidaridad, la justicia y la verdad con los migrantes trabajadores y sus familiares.
Pbro. Mauro Verzeletti, cs
Director Regional del SIMN
Director de las Casas del Migrante, El Salvador y Guatemala